Pleitos tengas…

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Sandro Rosell
El ex presidente del FC Barcelona, ha sido absuelto y puesto en libertad después de pasar 21 meses en prisión preventiva. Foto: @sandrorosell

Nada menos que 643 días permaneció en la cárcel el ciudadano Alexandre Rosell, más conocido públicamente como Sandro Rosell desde que presidió el Fútbol Club Barcelona desde el año 2010 a 2014. Fueron 21 meses en prisión (preventiva) antes de que la Audiencia Nacional le haya puesto en libertad, junto a los otros cinco enjuiciados en la misma causa, por no considerar probado que cualquiera de ellos haya cometido alguno de los delitos de los que se les acusaba. El Tribunal no concluyó que Rosell fuera inocente de ocultar millones de euros de comisiones ilegales que presuntamente habría cobrado el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, procedentes de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección nacional de su país y de la firma de un contrato de esponsorización. Sin embargo, tampoco pudo dar por hecho que el empresario catalán fuera culpable, considerando que las pruebas practicadas no eran incontestables y que los abogados de la defensa habían logrado sembrar la duda sobre la inocencia de su cliente. Es decir, el Tribunal no llegó a tener claro que Rosell hubiera delinquido, y aunque no descartaba que lo hubiera hecho, la presunción de inocencia en este caso obligaba a la absolución, porque en caso de duda, hay que fallar a favor del acusado (in dubio pro reo).

Justicia injusta

En relación con esto último poco se puede decir. La Administración de Justicia está, entre otras cosas, para investigar los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, o los conflictos detectados o denunciados, para tratar de esclarecer los hechos, concluir sobre ellos y sancionar o no según Ley. Ahora bien, esto no cierra el círculo de la acción deseable y necesaria de la Justicia. Tan limitada en cuanto a medios y recursos como está en España, los plazos que demanda para el desarrollo de todas las labores previas a la resolución de cada caso son tan largos que la verdadera justicia termina siendo una quimera. Al final, los tribunales y los jueces toman decisiones, dan la razón a unos sobre otros y determinan sanciones, indemnizaciones, multas y penas. Pero no es un acto de justicia mantener la duda por largo tiempo, aunque sea razonable, sobre personas o instituciones antes de declararlas inocentes o de concluir que no han hecho nada malo, sobre todo en plena revolución tecnológica y en la era de la globalización de la comunicación inmediata y de las redes sociales, porque el daño a la reputación es ya irreparable y puede hacerse, además, de forma calculada. Y siendo esto así, no hablemos de un caso extremo como el citado de Sandro Rosell, a quien una investigación ha robado casi dos años de su vida por el empleo de un recurso llamado prisión preventiva que por definición, por una cuestión conceptual, solo es compatible en un escenario diferente, aquel en el que la Administración de Justicia disponga de los medios para ser extraordinariamente diligente y fiable en plazos muy cortos de tiempo, y que debería estar regulado de tal forma que no fuera posible ni la arbitrariedad ni la susceptibilidad por esta.

La cuestión no es baladí porque cualquiera puede verse afectado por esta deficiencia tan notable de nuestra justicia que la convierte en injusta y peligrosa, pero pasa el tiempo e incomprensiblemente no se aborda en serio.

Por algo dicen que “pleitos tengas y los ganes”. Menuda broma.